Puerto Arista, Chiapas.– El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acompañado de su esposa Sofía Espinosa, encabezó la liberación de tortugas marinas en Puerto Arista y realizó un recorrido por el Campamento Tortuguero, como parte de las acciones para fortalecer la conservación ambiental en la región costera del estado.

Durante la visita, se acordó reforzar la infraestructura del campamento, dotarlo de equipo y material especializadopara el cuidado de las tortugas, así como apoyar con material didáctico de sensibilización dirigido al público en general, con el objetivo de fomentar la educación ambiental y la protección de estas especies.

El gobernador destacó la importancia de cuidar la biodiversidad y los ecosistemas marinos, subrayando que la preservación de las tortugas marinas es una responsabilidad compartida entre autoridades, comunidades y visitantes.

El Campamento Tortuguero de Puerto Arista cumple un papel fundamental en la protección de estas especies y en la concientización ambiental, por lo que el fortalecimiento de sus capacidades permitirá ampliar su impacto positivo en la conservación y en la formación de una cultura de respeto al medio ambiente.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Congreso del Estado de Chiapas se prepara para dar un paso clave en la protección de la infancia: presentar ante el pleno una iniciativa que busca tipificar y castigar penalmente la cohabitación forzada, una práctica que sigue arrebatando la niñez y el futuro de muchas niñas y adolescentes en la entidad.

La propuesta, impulsada por la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y respaldada por la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, es resultado de un proceso de análisis en el que participaron autoridades, organizaciones civiles y académicas.

Un problema que sigue marcando vidas

En Chiapas, especialmente en comunidades indígenas, las uniones informales forzadas de menores de edad continúan ocurriendo bajo el argumento de “usos y costumbres”. Estas prácticas han derivado en altos índices de embarazos adolescentes, violencia doméstica y abandono escolar.

Uno de los casos que encendió las alertas fue el de una menor de apenas 13 años con un embarazo de alto riesgo, reflejo de una realidad que muchas veces permanece normalizada y sin sanción.

¿Qué propone la iniciativa?

La reforma plantea sancionar con penas de 8 a 15 años de prisión y multas de mil a 2 mil 500 días a quien:

• Obligue o coaccione a una niña, niño o adolescente
• Induzca, solicite, gestione u ofrezca la cohabitación
• Fuerce a vivir en una relación similar al matrimonio

Las sanciones aumentarían cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, reconociendo la especial vulnerabilidad que enfrentan.

Proteger la infancia, no justificar la violencia

La cohabitación forzada no es tradición: es violencia. Limita el desarrollo, rompe proyectos de vida y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos, emocionales y sociales irreversibles.

Con esta iniciativa, el Congreso de Chiapas busca cerrar la puerta a la impunidad, dejar claro que ninguna costumbre está por encima de los derechos humanos y garantizar que las niñas puedan vivir su infancia libres, seguras y con oportunidades.

La propuesta será discutida en el pleno de la 69 Legislatura, marcando un posible antes y después en la lucha por erradicar esta práctica en el estado.