Ciudad de México, 13 de febrero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó las iniciativas de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que tiene como objetivo promocionar y fomentar a la industria nacional, así como de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, que protege el trabajo de los actores de doblaje ante el uso de la Inteligencia Artificial (IA). 

“Se trabajó con muchísimos productores, actores, actrices, cineastas, no solamente directores, sino trabajadores y trabajadoras del cine y el audiovisual. Entonces, es una iniciativa de promoción del cine nacional. Y por otro lado, está el tema del doblaje. ¿Se acuerdan que muchas personas que se dedican al doblaje se quejaron de la Inteligencia Artificial porque se estaban utilizando sus voces a través de la Inteligencia Artificial? Entonces, la ley protege sus voces, protege su trabajo, de eso se trata”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que con dichas iniciativas se fomenta el cine mexicano, particularmente el independiente, lo que diversifica la producción, impulsa las obras en lenguas originarias y garantiza un uso más transparente de los recursos.

“¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Primero, aumentar el presupuesto de fomento al cine, pero durante un tiempo ese recurso se utilizó para las películas comerciales que de por sí ya tenían su propio presupuesto, esas no requieren un presupuesto público, sino para muchas otras producciones independientes que no tienen el dinero para poder producir sus películas y entonces se ha abierto también a lenguas originarias, que antes ¿Cuándo habíamos visto en una película hablar en maya o en cualquier otra lengua? Además de la creatividad que hay ahí, entonces de diversificar muchísimo”, agregó. 

La primera mandataria recordó que en México hay una creatividad excepcional; por ello se trabaja en el fortalecimiento de las escuelas y la enseñanza del cine en el país. Adelantó que el domingo se darán a conocer los estímulos a la industria cinematográfica en compañía de la actriz y productora mexicana Salma Hayek. 

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual –que actualiza la ley vigente de 1992– amplía el ecosistema para incluir a las plataformas; propone garantizar el 10 por ciento de la exhibición de cine nacional en salas; realizar una revisión semestral del cumplimiento y semanal para ajuste de carteleras; exhibición de 14 días del cine nacional; reforzar la promoción en plataformas y salas, e implementación de medidas de accesibilidad para las audiencias.

Asimismo, establece una política de archivo para documentar, preservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo patrimonial que integra la memoria audiovisual. Se refrenda el compromiso del Estado para garantizar el fomento al cine nacional, a través de un incremento en el presupuesto y la inclusión del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) en la ley; además, se articula una política cinematográfica nacional en coordinación entre la federación, estados y municipios para democratizar el fomento, la producción, la difusión y la distribución en todo el territorio.

Explicó que se trata de una iniciativa que acompaña la transformación cultural que impulsa el Gobierno de México, fundamentada en los derechos culturales, el acceso democrático, la participación, el derecho a la identidad y a la memoria. Además, cambia el marco legal frente al contexto de las plataformas digitales.  Señaló que las iniciativas surgen de mesas de trabajo entre organizaciones, personas intérpretes, especialistas, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y la Consejería Jurídica.

Respecto a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, detalló que se reconoce la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible, la cual forma parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada ante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), se establecen reglas claras como: sanciones para el uso no autorizado, contrataciones justas, transparencia en condiciones y retribuciones, así como implementación de mecanismos para la resolución ágil de conflictos y controversias ante el INDAUTOR.

Finalmente, la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Daniela Elena Alatorre Benard, señaló que, con estas iniciativas, el Gobierno de México se acerca a toda la cadena de producción: desde el desarrollo de la escritura del guion hasta la preservación de las obras. Asimismo, destacó que actualmente hay 14 convocatorias que fomentan la producción cinematográfica en diversos sectores de la población.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica cordial y productiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder del Partido Republicano, en la que abordaron temas clave como seguridad, comercio y cooperación bilateral.

De acuerdo con lo informado por la mandataria mexicana, la llamada tuvo una duración aproximada de 40 minutos, durante los cuales ambas partes coincidieron en que la cooperación entre México y Estados Unidos avanza de buena manera, especialmente en asuntos estratégicos para ambas naciones.

Sheinbaum fue enfática al señalar que no hubo solicitudes de Estados Unidos para aumentar detenciones, ni se planteó ninguna incursión militar contra grupos criminales en territorio mexicano, desmintiendo versiones que circularon tras el contacto entre ambos gobiernos.

Tras la conversación, Donald Trump calificó el diálogo como “muy productivo”, mensaje que publicó en su red social Truth Social, destacando el tono respetuoso y la disposición de ambos países para mantener una relación de coordinación.

La presidenta subrayó que México mantiene una postura soberana, basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, reiterando que la relación bilateral debe construirse sin presiones ni imposiciones.

Este intercambio ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, migratorias y de seguridad, donde ambos gobiernos buscan mantener canales abiertos de comunicación para evitar conflictos y fortalecer acuerdos existentes.

La respuesta del Gobierno de Cuba no se hizo esperar tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que declara emergencia nacional y abre la puerta a imponer aranceles a países que suministren petróleo al país caribeño. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó la medida como un “chantaje y extorsión” cuyo objetivo real es profundizar el histórico bloqueo económico y agravar las condiciones de vida en la isla. 

Rodríguez Parrilla insistió en que la política estadounidense busca someter al pueblo cubano a condiciones extremas y sostuvo que la decisión constituye un “acto de agresión” que pretende reforzar la política de bloqueo que, según La Habana, ha perjudicado a generaciones de cubanos. 

La orden ejecutiva de Trump fue definida por Washington como una respuesta a lo que su gobierno considera vínculos del régimen cubano con países y organizaciones que la Casa Blanca identifica como adversarios, y se apoya en la declaración de una amenaza extraordinaria para justificar la medida. 

En paralelo, la difícil situación energética en la isla —marcada por interrupciones en el suministro de combustible, racionamientos de gasolina y apagones eléctricos— ha aumentado la incertidumbre interna y externa sobre la capacidad del gobierno cubano para sostener servicios básicos ante las nuevas restricciones. 

Repercusiones regionales y diplomáticas

La amenaza de aranceles podría afectar a terceros países que han exportado petróleo a Cuba, como México, que se convirtió recientemente en uno de los principales proveedores tras el cese de envíos desde Venezuela y ha adoptado una postura ambigua sobre la continuidad de sus exportaciones, diferenciado entre ayuda humanitaria y contratos comerciales en vigor. 

En este contexto, la medida de Trump ha generado preocupación y debate diplomático en la región, ya que podría influir en las relaciones comerciales y energéticas entre Estados Unidos y sus socios latinoamericanos, así como en las estrategias de política exterior de diversos gobiernos frente al conflicto entre Washington y La Habana.